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Biopolítica de la precarización: Vivir, enfermar y morir en el Sur de Buenos Aires


Por María Natalia Echegoyemberry (1)


Estamos atravesando una pandemia de escala global provocada por el COVID-19 que genera una situación social, económica y sanitaria muy compleja. La pandemia, como también el cambio climático, visibiliza la necesidad de comprender los factores ambientales que pueden incidir en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado de personas, colectivos y comunidades, que enfrentan a diario la injusticia sanitaria, ambiental, hídrica y climática. 


El cambio climático genera nuevos escenarios para el desarrollo de epidemias y con ello, modifican también el mapa de enfermedades infecciosas. Sin embargo, el sector salud parece no incorporar aún la dimensión ambiental como variable relevante para la generación de políticas públicas integrales, intersectoriales, e interjurisdiccionales. Aún no considera de manera integrada e integral los problemas como la contaminación, el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, el acceso a vivienda segura e infraestructura sanitaria, la reducción de gases de efecto invernadero, los modos de producción basados en el extractivismo agrícola, inmobiliario y minero, la pérdida de biodiversidad urbana-rural, entre otros. 

La Organización Mundial de la Salud, advierte que cada vez estaremos más expuestos a los efectos del cambio climático (CC), como inundaciones, olas de calor o situaciones de frío extremo, sequías prolongadas, que afectan la salud pero también la producción de alimentos y conlleva a un incremento de enfermedades que tienen mayor carga ambiental (como diarreas, estrés calórico, malnutrición, enfermedades transmitidas por el agua, transmitida por vectores, etc.) y a desplazamientos forzados de comunidades.


Desigualdades sanitarias, sociales y ambientales 

La zona sur (2) de la Ciudad de Buenos Aires es donde se expresan las mayores inequidades sanitarias y es donde habita la población más vulnerabilizada en términos de impacto ambiental, social, económico, político, institucional y sanitario. Según el Observatorio de la Deuda Social (ODSA, 2017) estima que entre el 8 y 10 % de la población en CABA vive en villas y asentamientos lo que representa casi 300.000 personas: la mitad de éstas viven en zonas inundables, con privación de servicios básico y en viviendas precarias (ODSA, UCA, 2017) y en el último censo popular encontraron en CABA 7251 personas en situación de calle (ACIJ, 2019).

Aunque el estado tiene el deber de garantizar la salud de la población y, en consecuencia, reducir desigualdades entre las distintas comunas porteñas, se puede observar, a través del análisis de la mortalidad infantil y de otras enfermedades de notificación obligatoria (ENO), de la persistencia de brechas entre el norte y el sur de la ciudad. 

En el marco del conflicto socioambiental por la remediación del Riachuelo, el estado tiene delimitadas las comunas 4, 8 y 9 como áreas específicas y prioritarias de responsabilidad dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR). Estas comunas en la actualidad tienen los peores indicadores de salud para mortalidad infantil, enfermedades respiratorias, diarreas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades transmitidas por vectores, parasitosis intestinales, hepatitis virales, intoxicaciones, muerte por causas externas, entre otras; y esto se relaciona con peores condiciones materiales de vida (zonas de degradación ambiental, falta de urbanización, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos). 

Específicamente, si bien en el año 2018 la mortalidad infantil en CABA disminuyó considerablemente, este descenso no se reflejó en las comunas del sur, e inclusive se incrementó en relación al año anterior. Así, las tasas más altas de mortalidad infantil (MI) se presentan en las comunas 1, 4, 8, y 9, llegando en la comuna 4 a quintuplicarse el riesgo de morir para menores de un año en relación a la comuna 2 (Recoleta) (tasa 11.7 y tasa 3,5 cada mil nacidos vivos, respectivamente) (3). También, el 94% de los enfermos con parasitosis intestinales fueron notificados por efectores de las comunas 4,8,9 (CMR) y el 50% de las meningoencefalitis se localizaron en estas mismas comunas. Similar situación ocurrió respecto a las diarreas sanguinolentas (DAS) en que la comuna 8 presentó 100 casos contra 2 casos de la comuna 2 (datos del 2015). Las enfermedades transmitidas por mosquito (ETMa) han seguido el mismo patrón de vulneración: la mayor incidencia se dio en las comunas 7 (1722 casos), 8 (1156 casos) y 4 (1010), contra los 44 casos de la comuna 2, de un total de 7306 casos (4). Casi el 67% de los casos de dengue se encontró en las Villas 20, 1-11-14 y 4 21-24. 

Otro dato significativo, es que la CABA tuvo la tasa de mortalidad más alta del país por COVID-19, (cuatro veces más que el Gran Buenos Aires -julio 2020-) y también se distribuyó de manera desigual hacia el interior de las jurisdicciones, siendo las comunas del sur las más afectadas por la pandemia con más del 56 % de los casos totales de la ciudad (comunas 4,7,8 y 1), La tasa de contagios de COVID-19 en estas comunas del sur fue mayor que a las del resto de país (Estadísticas CABA, 2019). (5

Lo anterior dicho, muestra los graves problemas que tuvo y tiene la jurisdicción para generar medidas oportunas de prevención, detección temprana y control de las enfermedades en los barrios populares (con anterioridad a la pandemia y durante ésta). Múltiples causas contribuyen a esta situación: problemas en la comunicación, falta de adecuación cultural y contextual de las recomendaciones higiénico-preventivas, falta de insumos e infraestructura sanitaria, falta de personal de salud, sobrecarga laboral, falta de abordajes diferenciados y específicos teniendo en cuenta la situación de pobreza, situación de calle, migratoria, etaria, de discapacidad, de géneros, étnica, afrodescendientes, entre otras.

Los datos de contexto visibilizan la existencia de una biopolítica de la precarización del sector público de salud, de los y las trabajadoras, y crea las condiciones de desprotección de personas usuarias de los servicios y de sus comunidades.  



Desafíos pendientes: Salud, ambiente y territorio 

Necesitamos un estado con capacidad de reducir las vulnerabilidades ambientales, pero también las sociales. Para ello debe incorporar la agenda de cambio climático como prioridad y de manera transversal a todos los sectores del estado, implementando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático empezando por las zonas más vulnerabilizadas, con peores indicadores de salud y corrigiendo los desequilibrios ambientales. 

Pero si bien la salud de la población no compete solo al sector salud, éste tiene que actuar como articulador de los otros sectores, para garantizar las condiciones de salud y seguridad ambiental de la población y fundamentalmente proporcionar el camino para la equidad sanitaria. 

Se necesita más que nunca que el sector salud asuma un rol protagónico como motorizador del cambio hacia la sustentabilidad ambiental y para ello será necesario fortalecer los sistemas y servicios de salud basados en la estrategia de la Atención Primaria Ambiental (APA), promoviendo la salud pública ambiental en los contextos sanitarios, educacionales y comunitarios. El Estado debe elaborar e implementar un Plan Integral de salud urbano ambiental a partir del entrecruzamiento de saberes técnicos y comunitarios. 

Debemos contar con un marco normativo que promueva la evaluación, acreditación y la implementación del modelo de Hospitales Seguros. Este modelo permitiría promover la reducción de la vulnerabilidad de sus componentes funcionales y estructurales y asegurar la continuidad de la prestación de servicios durante e inmediatamente después de desastres -contingencias imprevistas de origen natural. Se sabe que la capacidad de respuesta ante desastres se encuentra condicionada por la estructura social y sanitaria previa: de ahí la importancia de tener en cuenta las zonas segregadas socio-espacialmente. 

En este marco se requiere fortalecer el sistema de salud y la seguridad sanitaria frente a las amenazas e impactos diferenciales que provoca la crisis ambiental en relación a las personas, grupos y colectivos más vulnerabilizados que ven condicionada la perspectiva de desarrollo y la equidad en la forma de vivir y morir en los espacios urbanos segregados, pero que como ha demostrado esta pandemia tiene potencialidad para extender sus efectos negativos, directos o indirectos, a gran parte de la población. Para ello, es necesario tener en cuenta la perspectiva de interseccionalidad de género en los abordajes y políticas públicas que se elaboren e implementen, ya que son las mujeres y las niñas quienes ven más afectados sus derechos en las crisis sociales, demográficas y climáticas. 

Además, es fundamental reformular hacia el interior de las organizaciones de salud las políticas de higiene, bioseguridad, alimentaria, de gestión de residuos, reforzando la acción comunitaria, reorientando los servicios hacia la promoción de la salud y no sólo al tratamiento de la enfermedad. 

Para poder garantizar la calidad de la atención sanitaria y poder dar respuestas a las demandas sociales, se requiere avanzar en la jerarquización del sector salud y terminar con todas las formas de precarización de los y las trabajadoras, que son quienes cumplen un rol fundamental en la garantía de accesibilidad con el sistema de salud de las personas usuarias. Para ello se deberá asegurar la salud ocupacional, las condiciones físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que promuevan la estabilidad laboral y la protección social, implementando entornos laborales saludables para trabajadores y usuarios/as del sistema.

El estado tiene que elaborar e implementar políticas públicas ambientales integrales, promocionales y preventivas que permitan abordar los principales determinantes sociales y revertir las condiciones materiales, y en consecuencia, realizar una inversión presupuestaria que tenga en cuenta los impactos y efectos del cambio climático en la salud, en el ambiente y en el territorio y posibilite el cumplimiento de los desafíos actuales en materia ambiental, urbana y sanitaria. Debe utilizar el máximo de los recursos públicos de los que disponga para eliminar las barreras en el ejercicio del derecho a la salud. El estado debe ser proactivo en la prevención, abordaje y tratamiento de enfermedades endémicas, epidémicas, infecciosas y profesionales, estableciendo un sistema de alertas tempranas, de comunicación de riesgos y fortaleciendo además la vigilancia epidemiológica ambiental, y los procesos de toma de decisiones a partir de patrones de vulneración que en CABA se encuentran claramente identificados en la zona sur. 

Se debe discutir un plan urbano ambiental -interjurisdiccional, intersectorial- que incluya la participación de los grupos vulnerabilizados y tenga al sector salud como rector, de modo que permita pasar de una biopolítica de la precarización a una política de ampliación y reconocimiento de la ciudadanía social y ambiental. 

Las graves desigualdades en salud en CABA muestran las fallas en el sistema de protección social del estado. Asumir los problemas de salud pública ambiental se constituye en una decisión técnica, política, pero sobretodo ética.



Referencias

(1) Es Magíster en Salud Pública (UBA); Abogada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL); Psicóloga por la Universidad de Palermo (UP). Es Candidata a Doctora en Ciencias Sociales (UBA) y Psicología (UP) área Psicología Ambiental. Investigadora invitada por la Universidad de Coruña (UDC), integra el Grupo de Investigación Persona-Ambiente de la Universidade da Coruña, España. Es Coordinadora Académica de la Maestría de Gestión de Sistemas y Servicios de Salud (MGSSS) de la Universidad Nacional de Rosario (CEI-UNR). Docente en ISAlUD y UNR-CEI. Tiene a cargo la Unidad de empoderamiento jurídico comunitario en ACIJ, Argentina. 
(2) Las comunas 4 (comprende los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios), Comuna 7 (Flores, Parque Chacabuco), comuna 8 (Villa Lugano, villa Riachuelo, Villa Soldati), comuna 9 (Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda) CABA).Se encuentran declaradas en emergencia ambiental (Ley 3947/20113 )y forman parte del la Cuenca Matanza Riachuelo
(3) Análisis situación de salud (2016). disponiblehttp://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/asis_caba_2016_dic17_vf_1.pdf. No hay publicación en la página institucional de nuevos informes desde el 2016
(4) MSAL, Boletín epidemiológico, CABA, 2020, entre SE 1-24
(5) Estadística CABA. Disponible:https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=69058

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